Países ricos y ciudadanos pobres: El mito de los países petroleros.

Para Global Energy, edición de Agosto 2021

A lo largo de la historia las sociedades de diversos países latinoamericanos han tratado de organizar un estado democrático que llama la atención por las contradicciones y paradojas que lo sustentan.  El concepto de democracia está asociado a la concepción particular de cada gobernante, a sus paradigmas o patrones de pensamiento, determinados por las experiencias vividas durante sus etapas de vida.

El fundamento principal de estas contradicciones lo representan el balance entre libertad y el orden, el cual es interpretado a su manera por quienes ostentan el poder; y en esta región de Latinoamérica predomina el orden impuesto por algún grupo, hasta que es sustituido por otro.  Los resultados observados, no son nada alentadores, desde los puntos de vista político y social, pues en las últimas cuatro (4) décadas muestran países con niveles de empobrecimiento cada día más altos, y sistemas políticos asaltados por la corrupción.

La desconfianza existente entre los diferentes actores representantes de la sociedad, como lo son: el sector empresarial, los trabajadores, el sector público y los consumidores, constituye el principal factor de desequilibrio, y cuyos efectos en el desarrollo de los países ha sido letal. En muchos casos los inversionistas nacionales buscan opciones en el exterior; hecho que contrasta con la llegada de capitales extranjeros, atraídos por los beneficios y privilegios que el gobernante de turno les ofrece, especialmente si provienen de países identificados con sus paradigmas ideológicos.

Es importante entender la importancia que tiene la concentración del poder político, porque en aquellas naciones que poseen los recursos naturales, bien sean minerales o hidrocarburos, la renta petrolera es su principal activo. El sesgo común en los grupos de poder político en Latinoamérica ha sido el estatismo, es decir, que cualquier vacío que el mercado pueda tener, debe ser llenado con la intervención del estado. Como consecuencia de ello, se generan regulaciones excesivas, y controles en servicios públicos, e inclusive participación en actividades industriales y comerciales.

Aquellos países de la región favorecidos por la naturaleza, con recursos minerales e hidrocarburos, representan un espacio interesante de discusión, para tratar de entender la dicotomía riqueza vs pobreza. Estos países cuentan con ingresos extraordinarios asociados a la renta petrolera (impuestos varios), no obstante, mantienen un crecimiento consistente en los niveles de pobreza de la población. En los últimos dos años la pobreza, ha tenido un crecimiento continuo, que aún no tiene un nivel de estabilización, que permita diagnosticar un cambio de tendencia, y en los dos últimos años la pandemia que seguimos viviendo, ha contribuido a emporar las cosas.

En estos países, el estado es como una mina que genera ingresos para sus trabadores (los ciudadanos), participen o no en las actividades productivas. La principal inversión de esta mina, son los programas sociales de sus trabajadores, y los subsidios destinados a la salud, educación y vivienda. Aunque el objetivo es inobjetable desde el punto de vista humano, la realidad es que esta organización detonó elementos tóxicos que aún perduran y que han herido de gravedad la existencia de los mismos: el crecimiento inusitado del clientelismo y la viveza popular, y la corrupción de funcionarios públicos, apoderándose de aquellos recursos destinados a la ejecución de sus programas sociales.

Así que un factor que debe ser fuente de soluciones a problemas sociales, se ha convertido en palanca de compensación de ineficiencias del sistema, que ha mutado la renta petrolera en una fuente de empobrecimiento.  Adicionalmente, han logrado el sometimiento de gran parte de la población a las exigencias de los gobernantes de turno, con lo cual se va creando una profunda frustración, dando lugar al mito de un país rico y   población pobre.

México no escapa a esta realidad, por el contrario, el desmedido crecimiento poblacional de los últimos 30 años, y los  vaivenes económicos enfrentados por el país, aunado a deficientes acciones gubernamentales, a lo largo de este periodo, asociadas al clientelismo político y populismo, han contribuido a la pobreza  que se mantiene con leves variaciones cerca del 50% de su población, con base en las definiciones y estadísticas mostradas por el ente responsable de llevar el seguimiento de este importante indicador  el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica  INEGI.

 

Una mirada a los ingresos recibidos por el país en la última década, (Gráfico 1) nos permite observar que iniciando el año 2010 y hasta el 2014, los ingresos petroleros anuales superaron los 1000 millones de pesos, y partir del 2015 empezaron a declinar has los 600 mil millones de pesos en el año 2020. También es interesante observar que el periodo 2010 al 2014, el índice general de pobreza se mantuvo entre el 11% y el 9 %, a pesar de la masa monetaria de ingresos petroleros que tuvo el país en ese lustro. Y a partir del año 2015 los ingresos caen de manera importante, y el índice general de pobreza toca su piso del 7.4% en el año 2018, para volver a crecer hasta el orden del 9% en el año 2020, cuando los ingresos continuaron cayendo hasta su menor a menor nivel 600 millones de pesos, en la década evaluada.

 

Para tener una visión más realista y cruda de estas cifras, traducimos el índice  general de pobreza porcentual,  en términos de millones de personas incluidas en ese segmento, y en el primer periodo mencionado antes (2010 – 2015),  a pesar de los altos niveles de ingresos que recibió el país, el número de personas afectadas creció en 3 millones, al pasar de 52.3 millones a 55.3 millones de personas, y en el lustro siguiente (2015 -2020), a pesar de la caída de los ingresos,  se logró reducir el número hasta 52.4 millones en el año 2018, para volver a tomar una tendencia creciente, hasta llegar a 53.7 millones e en el año 2020, (Grafico 2)

 

De igual manera la tendencia comparativa del índice de pobreza vs el aporte de los ingresos petroleros al PIB del país, es la misma, destacando que este ha bajado en el periodo de un pico de 9 % en el año 2012, a su menor nivel, 2.4% en al año 2020, (Grafico 3). Estos tres indicadores nos permiten establecer la dicotomía mencionada, y que destruye el mito de mayores ingresos, menor pobreza, y nos obliga a reflexionar sobre los fundamentos existentes para la administración de esa riqueza, y los mecanismos que dispone el estado para soportar los programas sociales que están supuestamente diseñados para lograr la mejor distribución y empleo.

También nos invita a reflexionar sobre las realidades de la industria energética en el país, y el sentido de urgencia que representa su involucramiento en el tema, aportando soluciones estructurales de educación, acceso a la información y comunicación, que tanto requiere ese segmento de la población, en aquellas regiones en donde tienen sus actividades. Los gobiernos estatales también deben revisar lo que están haciendo con los ingresos que reciben,  directa o indirectamente desde el gobierno federal, y  cambiar sus sistemas de medición y seguimiento para tener un mayor control de esa gestión, e ir implementando soluciones creativas de manera consistente, buscando trabajar en equipo con los expertos del INEGI,  para medir continuamente estos parámetros mencionados, dejando de llevar una cantidad grande de indicadores que los aleja de su principal propósito como gobernantes elegidos por los ciudadanos: tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos. Suena en mi mente una frase escuchada al Doctor William Deming cuando explicaba el éxito japonés en la recuperación del país después de la segunda guerra mundial. Lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que no se implementa, no produce resultados. Menos palabras y más acciones.