Transición Energética: entender para actuar

Para Energía a Debate septiembre 2021

El término “transición energética” fue puesto de relieve a principio de los años 90, cuando se llevó a cabo la cumbre sobre el cambio climático y sus efectos en Río de Janeiro, Brasil. Ese acuerdo inicial adquirió nuevas fuerzas con la cumbre de diciembre del 2015, donde 197 países adoptaron el denominado “Acuerdo de París COP21” que estableció como propósito principal reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo, a dos (2) grados Celsius (°C).

El Acuerdo brinda un marco duradero por el cual se regirán los esfuerzos mundiales durante los próximos años y ofrece una vía para que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en su labor de mitigación del cambio climático y también crea un marco para el seguimiento y la presentación de informes periódicos, utilizando para ello una hoja de ruta con indicadores para reflejar las medidas climáticas que reducirán las emisiones.

Varios países han avanzado en los objetivos acordados. Uno de ellos es el Reino Unido, cuyo gobierno creó el Centro Espacial Nacional Británico (BNSC), y estableció con el sector privado un fondo monetario para el desarrollo de proyectos de investigación para mitigar los efectos contaminantes, con énfasis en la captura de CO2. También ha impulsado la fabricación de vehículos eléctricos, baterías con mayor capacidad, el financiamiento para la transición del gas natural al hidrógeno y facilitar préstamos de emergencia a empresas y familias afectadas por condiciones climáticas. China se ha propuesto como objetivo principal la electrificación del sector de transporte y la expansión de la red de carga de vehículos eléctricos en un 50% en los próximos 10 años. En el sector de la construcción han creado incentivos para la transformación sostenible de su infraestructura pública. En América Latina se trabaja en una transición energética mediante inversiones sostenibles y medidas que no amplíen el déficit fiscal de los gobiernos. Algunas de las medidas tomadas han sido: subastas de energías renovables, modernización de plantas hidroeléctricas, masificación de sistemas de transporte eléctrico, modernización de redes de transmisión eléctrica, mayor acceso de la población a la electricidad y estímulos para el desarrollo de tecnologías que impulsen el contenido nacional y almacenamiento de energías verdes.

En el caso de México, en el año 2015 se aprobó la Ley de Transición Energética (LTE) que establece los lineamientos para lograr una transición hacia las energías limpias y que define las metas para el incremento en la generación energética a partir de fuentes renovables equivalentes al 25% para 2018, al 30% para 2021 y del 35% para 2024. Los instrumentos de planeación energética, financieros, económicos y fiscales tienen como objetivo proveer las condiciones necesarias para el cumplimiento de las metas en materia de transición energética.

Para tener mayor soberanía energética y mitigar el cambio climático se requiere el uso de fuentes de energías renovables. Esto implica cambiar la infraestructura para la producción y distribución de energía eléctrica, adecuar los marcos regulatorios del mercado energético y generar incentivos a la inversión público/privada, entre otros aspectos; pero además implica generar consensos entre gobierno, empresas y ciudadanía para la construcción de un proyecto nacional de largo aliento que supere las tensiones, los vacíos y las disyuntivas que hoy obstruyen el tránsito hacia la producción y el consumo de energía de manera más sustentable en el país.

La transición energética no está exenta de retos, y en ese sentido existen dos aspectos que generan tensiones entre los actores, así como desafíos en términos de políticas públicas y estrategia de desarrollo a largo plazo: I) la sustentabilidad ambiental y social de la producción de energías renovables, sobre todo de la bioenergía, y II) el abastecimiento energético de toda la población tomando en cuenta la creciente demanda.

Es vital para México entender que la transición energética representa un proceso complejo y requiere la participación de instituciones públicas y el sector privado para la creación de infraestructura, impulsar innovaciones tecnológicas, cambios regulatorios y un nuevo modelo para la producción y consumo energético distinto al que hoy predomina en el país, buscando lograr precios de la energía que sean accesibles a todos los sectores de la población.

No obstante; las medidas regulatorias establecidas por el gobierno en los últimos meses han generado incertidumbre para los proyectos de inversión privada en energías alternas, principalmente la eólica. Asimismo, la desaparición de fideicomisos ha afectado de manera importante la provisión de capital para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y/o trasferencia de tecnología. Por ello, hemos insistido que el tema de la transición energética hay que entenderlo para poder actuar razonablemente.